Sanciones urbanísticas. Revisión de oficio y cosa juzgada - Guerrero Abogados
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Sanciones urbanísticas. Revisión de oficio y cosa juzgada

Sanciones urbanísticas. Revisión de oficio y cosa juzgada

Cuando llega al despacho un cliente con una importante sanción urbanística, no recurrida en vía administrativa o judicial, es decir, firme, o que fue recurrida ante los juzgados de lo contencioso administrativo, por otro compañero, con escaso éxito, las posibilidades son muy escasas.

La pregunta es, ¿puede intentarse una revisión de oficio por nulidad de pleno derecho?

Imaginemos que tras abrirse un proceso penal la Administración debió, de oficio, suspenderse el expediente administrativo y ésta, al contrario, siendo consciente de dicho hecho, procedió a acelerar los trámites y dictar la sanción.

Dispone el art. 195 de la LOUA, en su apartado cuarto, párrafo segundo, que desde que el órgano administrativo tenga conocimiento de la sustanciación de actuaciones penales deberá suspender el procedimiento sancionador.

Se vulnera si no el principio nom bis in idem, el art. 25.1 de la CE, el art. 24 de la CE y el art. 9 de la CE.

Forma parte del derecho fundamental regulado en el art. 25.1 de la CE, el principio nom bis in idem.

Forma parte de dicho principio el derecho a que no se tramiten dos procedimientos, administrativo y penal, por los mismos hechos.

Del art. 25.1 de la CE y de la normativa expuesta la jurisprudencia extrae la consecuencia de la obligación de suspender el procedimiento administrativo sancionador cuando existe un procedimiento penal abierto. Debe considerarse que si en el procedimiento penal se consideran no sucedidos los hechos imputados, dicha declaración vincula al procedimiento sancionador.

Con ello se pone término a lo que algunos habían dado en llamar “la doctrina de las dos verdades” (vgr. García de Enterría), según la cual lo que era verdad para la Jurisdicción podía no serlo para la Administración, o viceversa, originándose un auténtico atentado al principio de seguridad jurídica, art. 9 CE, desde el momento en que el resultado del enjuiciamiento procesal penal y el resultado del procedimiento administrativo sancionador, en cuando a los hechos se refería, se mostraba ciertamente aleatorio.

Las cuestiones que se plantean son las siguientes:

1.- ¿Puede revocarse un acto administrativo confirmado en sede judicial? Parece claro que sí. No porque un acto sea ajustado a Derecho no puede revocarse, art. 109 de la Ley 39/2015. El problema es que es un procedimiento de oficio, que la Administración no está obligada a realizar.

2.- ¿Puede revisarse un acto administrativo mientras se tramita un proceso judicial? Parece claro que sí, mientras se tramita el proceso, ya que de esta forma la Administración evita el proceso judicial, al comprobar por ella misma que existían causas de nulidad de pleno derecho, descargando al tribunal de un asunto.

Como explica Don Enrique Sánchez González, (pedimos disculpas por citarnos a nosotros mismos), en su obra “Procedimientos especiales de revisión en materia tributaria, con especial estudio de su tramitación en la Administración local”, IAAP, Premio Blas Infante 2006, página 51:

“Ello sirvió para recordar el Consejo de Estado que es posible que se esté tramitando un proceso judicial y se tramite un procedimiento de revisión, que en caso de estimarse, daría lugar a la satisfacción extraprocesal de la pretensión del interesado, en su caso.”

Se cita por éste autor como el Consejo de Estado, en su Dictamen sobre la Ley General Tributaria y en el posterior sobre el Reglamento, se muestra favorable, indicando que:

“una reiterada doctrina de este Consejo viene manteniendo la posibilidad de tramitar las solicitudes de declaración de nulidad de pleno derecho de actos de naturaleza tributaria aun cuando estuviese pendiente un recurso contencioso-administrativo, en atención a la naturaleza extraordinaria de ese procedimiento de revisión y, sobre todo, al hecho de que mediante el mismo podría llegarse a una siempre deseable satisfacción extraprocesal de las pretensiones del recurrente, evitando ambas partes un largo y costoso proceso judicial.”

3.- ¿Puede revisarse un acto administrativo por incurrir en una nulidad de pleno derecho que no ha sido examinada en la vía judicial? Existen pronunciamientos favorables a dicha pretensión como, por ejemplo, la STS de 16 de octubre de 1995, RJ 1996/590, cuando en el proceso judicial simplemente se declaró inadmisible el recurso (no hay cosa juzgado sobre el fondo):

 “…no siendo óbice alguno para tal revisión, el que la liquidación definitiva haya sido impugnada dos veces en vía económico-administrativa, y ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, y ahora en el presente recurso de apelación ante esta Sala Tercera del Tribunal Supremo, porque tanto el Tribunal Económico-Administrativo Provincial de Asturias, como el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, se han limitado a declarar que la liquidación era firme, es decir, inatacable, y por tanto no han podido revisarla…”

Pero no es esta la única Sentencia que ha admitido una revisión de oficio después de una Sentencia dictada sobre el mismo acto administrativo, declarando su inadmisión:

Múltiples SSTS, han admitido la revisión de oficio, cuando la Sentencia anterior declaró la inadmisibilidad del recurso, dejando imprejuzgada la cuestión de fondo, como por ejemplo la STS de 17 de mayo de 2013, recurso nº 826/2011, con cita de las de la misma Sala de 23 de abril de 2010, dictadas en los recursos de casación 704/2004, 4572/2004, 5910/2006 y 4888/2006.

En el mismo sentido SSTS de 20 de mayo de 2013, recursos 799, 804, 830, 851/2011 y las de 19 de julio de 2012, recursos 775, 777, 780, 781, 798, 803, 806, 807, 809, 814/2011.

En los casos de desistimiento también se ha admitido, como por ejemplo en la STS de 5 de abril de 2004, casación 661/2000, la de 18 de diciembre de 2007, casación 9826/2003 y la de 4 de mayo de 2007, casación 6781/2003.

Da un paso más la STS de 18 de enero de 2017, admitiendo la revisión de oficio de un acto que había sido examinado por una Sentencia firme anterior. Considera que existe “un diferente plano” de análisis de la Sentencia anterior con lo que ahora se examina. Lo cual “marca una importante diferencia que, unida a los matices que la jurisprudencia ha establecido para apreciar la fuerza de cosa juzgada en supuestos excepcionales en que se pida la revisión de oficio”, “hace que aquél pronunciamiento no sea suficiente para impedir la solicitada por el Sr. Carlos Manuel. Todo ello sin contar con que rechazar la procedencia de dicha revisión supondría dar carta de naturaleza a una infracción de esas características.”

Es por ello que concluimos cuando se plantea un supuesto de nulidad de pleno derecho, que no se analizó en la sentencia firme, puede considerarse que estamos ante un diferente plano. Estando ante una violación de un derecho fundamental parece que no debe darse carta de naturaleza a esa violación.

En estos casos de alegación de un supuesto de nulidad de pleno derecho la apariencia de buen derecho, a efectos de la medida cautelar, se refuerza, SSTS de 30 de marzo de 2009, RJ 2009,2857, 6 de julio de 2009, RJ 2010,321 y 6 de noviembre de 2009, RJ 2009,7967.

Eso sí, no basta la simple alegación de causas de nulidad de pleno derecho, sino que procede la suspensión cuando, en una primera y provisional apreciación, dicha nulidad aparece como manifiesta (STS de 7 de octubre de 2002, RJ 2002,9275).

Marbella, a 21/06/2019

Enrique Sánchez

GUERRERO ABOGADOS S.L.P.

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