LA ISLA DE VALDECAÑAS - Guerrero Abogados
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LA ISLA DE VALDECAÑAS

LA ISLA DE VALDECAÑAS

Si fuera profesor de derecho administrativo en la Facultad de Derecho, aparte de las clases sobre la materia, habría puesto como obligatorio, para mis alumnos seguir el asunto de la Isla de Valdecañas.

Es un asunto en el que hay derecho administrativo, derecho urbanístico, derecho procesal contencioso administrativo y derecho europeo. Es lo mínimo que puede aprender un estudiante si quiere dedicarse al derecho administrativo. Todo ello en un caso.

Es verdad que casi todos tienen esas vertientes hoy día, pero en este asunto intervienen primeras espadas de la abogacía, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y seguramente llegará algún tribunal europeo.

Protagonistas públicos, como la Junta de Extremadura; protagonistas asociativos, como los ecologistas y protagonistas privados, como el promotor de la actuación y los propietarios de viviendas y negocios.

Se trata de una península, yo creo que no es una isla, que se encuentra en el embalse de Valdecañas, río Tajo, municipio del El Gordo y Berrocalejo, en Cáceres.

Según el alcalde del Gordo lo que había era un secarral y un vertedero.

Según los ecologistas y las sentencias el proyecto se desarrolló en un terreno protegido no urbanizable, incluido además dentro de la Red Natura 2000 al estar catalogado como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA).

En 2011 una sentencia del TSJ de Extremadura ordenó que los terrenos se devolvieran a su estado originario. La sentencia fue ratificada por el TS en 2014.

Desde entonces, van ya para ocho años, dándole vueltas a cómo ejecutar la sentencia. En 2020 el TSJ decidió que la ejecución debía consistir en tirar lo no acabado y mantener lo ya en funcionamiento. El TS en febrero de 2022 ha sentenciado que hay que tirarlo todo.

Poco después de que la primera sentencia confirmara la ilegalidad de dicho PIR, proyecto de interés regional, la Asamblea de Extremadura, con los votos de PSOE y PP, modificó la Ley del Suelo para permitir la urbanización de terrenos protegidos e intentar salvar así el escollo judicial. Sin embargo, este cambio también fue declarado ilegal.

Ahora estamos en si hubo o no, realmente declaración como ZEPA. Los propietarios y la Junta dicen que no. El TSJ dice que eso da igual. Otra vez nos vamos al Tribunal Supremo.

Enrique Sánchez
Guerrero Abogados SLP

enriquesanchez@guerreroabogados.com