Acceso a expedientes administrativos urbanísticos y el interés legítimo - Guerrero Abogados
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Acceso a expedientes administrativos urbanísticos y el interés legítimo

Acceso a expedientes administrativos urbanísticos y el interés legítimo

Un compañero, en un proceso civil, solicitó como prueba, en la audiencia previa, la solicitud a un Ayuntamiento de un expediente administrativo en materia urbanística.

La prueba fue admitida por su Señoría, recurrida en recurso de reposición por el despacho, al amparo del art. 285.2 de la LEC, el cual fue desestimado, realizando la parte la correspondiente protesta.

Esta parte recordó que la parte demandante tiene la obligación de acompañar con la demanda los documentos en que funde su derecho, art. 265.1.1º de la LEC. Sólo cuando no puedan disponer del documento podrán designar el archivo en que se encuentren, 265.2, primer párrafo. Si se encuentran en archivo o expediente del que puedan pedir y obtener copia se entenderá que el actor dispone de ello y deberá acompañarlo a la demanda sin que pueda limitarse a efectuar la designación a que se refiere el párrafo primero del art. 265.2 de la LEC.

El demandante esgrimió como argumento al solicitar la prueba que al no ser parte en el expediente el Ayuntamiento no le hubiera dado copia.

El tema tiene sus matices jurídico-administrativos y, podría suceder que estemos ahora, jurídicamente, peor que hace unos años, por lo que se nos suscitan las siguientes reflexiones:

1º.- En materia de urbanismo existe acción pública lo que permite, en principio,, el acceso a los expedientes, como se desprende del art. 6.1 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

En el mismo sentido se pronuncian los arts. 5 letra f) y 62 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, Ley del Suelo Estatal.

2º.- Los arts. 4.1 letra c) y 53.1 letra a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, permiten el derecho  a acceder y obtener copia de los documentos en los que se tenga la condición de interesado.

3º.- Los arts. 12 y 13 de la Ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, Ley 19/2013, de 9 de diciembre, permiten el acceso a la documentación obrante en la Administración, siempre que no se vulnere ninguna otra ley (protección de datos, por ejemplo).

Lo cierto es que esta normativa expuesta esta siendo interpretada por los Ayuntamientos, por ejemplo el de Marbella, como que es necesario acreditar un interés legítimo para poder tener derecho a acceder a un expediente administrativo.

Sin embargo esta normativa, en el fondo, es un retroceso respecto de lo que era la antigua redacción del art. 37.1 de la Ley 30/1992: el acceso a los expedientes terminados no exigía demostrar interés alguno.

En conclusión, se han dictado las leyes de transparencia del Estado y de Andalucía, una nueva ley de procedimiento administrativo, y el resultado es que antes se podía acceder, sin acreditar interés legítimo, a un expediente terminado y hoy día no existe un precepto similar. Ello supone que se interpreta por las Administraciones, que se permite el acceso a un expediente, aunque esté terminado, pero sólo si se acredita dicho interés legítimo.

Marbella, a 26/06/2019

Enrique Sánchez

 

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